Immediately below is the original Spanish-language post, followed by an English-language translation.
“Nuestros cuerpos parecen no pertenecernos, sino ser un territorio que otros colonizan.”
Así manifestó Sabrina Pachón, representante de la Corporación Polimorfas de Colombia, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante una audiencia temática regional el año pasado. Al ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, las personas con discapacidad experimentan riesgos de violencia desproporcionados—incluyendo la violencia, el abuso, y la explotación sexual, así como las esterilizaciones y los abortos forzados.1 Así, en el marco de este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es menester reflexionar sobre los avances, retrasos, retrocesos, y las oportunidades en cuanto a las barreras que enfrentan las mujeres con discapacidad en Latinoamérica y el Caribe respecto del goce y ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.
La CIDH resulta un foro idóneo para poner de presente el entrelace de los derechos sexuales y reproductivos y las diversas formas de violencia experimentadas por las mujeres con discapacidad en toda la región. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos y forma parte del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos, cuya misión es proteger y promover los derechos humanos en los países del continente americano. Las audiencias temáticas permiten visibilizar retos específicos que suceden desde una perspectiva basada de los derechos humanos. Además, estos espacios fortalecen el diálogo con las comunidades y abren escenarios participativos en la elaboración de informes sobre la situación de estos derechos en toda la región. Por ello, es importante saber cuáles son estas problemáticas y qué acciones se pueden llevar a cabo para hacer de este mundo un lugar verdaderamente inclusivo.
Contra la violencia sexual
Las personas con discapacidad, en especial las mujeres, se enfrentan a barreras actitudinales, legales e institucionales que les impiden un goce efectivo de su sexualidad. Dichas barreras contribuyen a las tasas elevadas de violencia sexual que experimentan esta población frente la población general. Este fue otro asunto que se trató con ahínco en la audiencia de la CIDH, dónde Mónica Bayá, asesora legal de Equality Now para Latinoamérica y el Caribe, resaltó en su intervención que las mujeres, niñas y adolescentes tienen hasta 10 veces más de probabilidad de sufrir violencia sexual que aquellas que no tienen ninguna discapacidad. Frente a lo anterior, no es raro que, al tratar de acceder a mecanismos judiciales, las personas con discapacidad se topen con barreras. Como lo señaló Bayá en la audiencia, estas barreras en el acceso a la justicia se deben a los estereotipos, prejuicios y falta de capacitación de los funcionarios de la justicia, la falta de perspectiva de género y discapacidad en la valoración de pruebas el desistimiento de las personas con discapacidad a la hora de denunciar por miedo, y los juicios de credibilidad.2
Además, en la audiencia temática Bayá subrayó la necesidad de modificar los marcos jurídicos de los países de la región, considerando que según un informe de Equality Now en 2021, “23 de 43 jurisdicciones en América Latina, los códigos penales definen la violencia sexual en base al uso de la fuerza.” Por ello, casos como Ángulo Losada vs. Bolivia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) marcan un precedente de aplicación de enfoque diferencial en materia de violencia de género. En este caso, la Corte determinó que para acreditar una violación no es indispensable demostrar la existencia de una amenaza, el uso de la fuerza o la violencia física; al contrario, basta con establecer, por cualquier medio idóneo, que la víctima no consintió el acto sexual o que las circunstancias anularon cualquier expresión de consentimiento.3 Entonces, es claro que, en circunstancias de violencia sexual contra personas con discapacidad, es indispensable que los sistemas judiciales apliquen enfoques diferenciales e interseccionales que garanticen una protección especial a las víctimas.
Aun si la Corte IDH no se haya pronunciado todavía con respecto de la violencia sexual contra las personas con discapacidad, un caso recientemente transmitido a la honorable Corte por la CIDH le dará una oportunidad importante para abordar esta problemática en un caso concreto. En el caso nro. 13.524 respeto a las “Personas sin implicancias penales internadas en el Federico Mora respecto de la República de Guatemala”, la CIDH ha destacado la existencia de denuncias sobre violencia sexual en agravio de las personas internadas en un hospital psiquiátrico público. La CIDH informó que ha observado “la existencia de actos sistemáticos de violencia sexual de distinta índole, incluyendo violación sexual, cometida directamente por parte de agentes estatales, así como por privados con la aquiescencia, tolerancia y colaboración de agentes del Estado”. Además de calificar vulneraciones de los derechos sexuales y reproductivos, así como el derecho a protección contra la explotación, violencia y abuso, la CIDH ha destacado vulneraciones que “cumple[n] con los elementos constitutivos de tortura”.
Se espera que en este caso la Corte IDH se pronunciará contundentemente sobre las específicas obligaciones de los Estados del Latinoamérica y el Caribe frente los riesgos de violencia sexual desproporcionados que enfrentan las personas con discapacidad. Así hizo la Corte IDH en un fallo reciente en el caso Guachalá Chimbo vs. Ecuador, donde un joven con discapacidad desapareció unos días tras su internación involuntaria en un hospital psiquiátrico ecuatoriano. Ahí, la Corte IDH acogió los estándares contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), y los aplicó en tal manera de ampliar los estándares regionales y resaltar la imprescindibilidad del derecho a brindar consentimiento informado para todo tipo de servicio o tratamiento de salud. Se espera que, en el caso de las personas con discapacidad internadas en el Hospital Federico Mora, nuevamente la Corte podrá realizar una interpretación progresista basándose en los estándares internacionales para amparar los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad en toda la región.
Enfrentando la violencia obstétrica
Más allá de la violencia sexual, las personas con discapacidad experimenta otras formas de violencia en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo la violencia obstétrica, esterilizaciones y abortos forzados. La violencia obstétrica fue reconocida por la Corte IDH en 2023 en el caso Brítez Arce vs. Argentina como una forma de violencia basada en el género, ejercida por los encargados de la atención en salud, “que abarca todas las situaciones de tratamiento irrespetuoso, abusivo, negligente, o de denegación de tratamiento, durante el embarazo y la etapa previa, y durante el parto o postparto.”4 Al respecto, se planteó esta problemática como una preocupación en la audiencia de la CIDH por Sabrina Pachón, quien en su intervención enfatizó que “el parto no es respetado cuando tenemos discapacidad; nuestra decisión consiste, en el mejor de los casos, en consentir lo que se nos presenta como la única opción posible ´dada nuestra condición´”.
Como subrayó Isabelia Ruíz, la coordinadora del área legal de Promsex, en la audiencia ante la CIDH, “estas prácticas violan su derecho a acceder a la información y a otorgar su consentimiento libre e informado”, además de ser muestra clara de un modelo capacitista que sustrae la capacidad legal de las personas con discapacidad. En muchos casos, las actitudes de los operadores de salud pueden causar la denegación de información, como la noción discriminatoria de que las mujeres con discapacidad no son “aptas” para tener hijos, ya sea por prejuicios respecto a la crianza o motivos genéticos de prevención de reproducción de discapacidades.5 Por ejemplo, la Relatora de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2017 ha señalado que “[l]as niñas y mujeres con discapacidad se ven sometidas de manera desproporcionada a procedimientos de esterilización forzada por diversas razones, entre ellas eugenésicas, de higiene menstrual o de prevención del embarazo,” agregando que “los porcentajes son hasta tres veces mayores que en el caso de la población en general.”6 Cualquiera que sea la razón causal, los procedimientos no consentidos, inclusive las esterilizaciones forzadas, pueden ser caracterizados como tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes.7
Una de las raíces de esta problemática es la alienación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Los efectos de las restricciones de la capacidad jurídica se extienden a los derechos sexuales y reproductivos, como el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha reconocido en su observación general sobre los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, donde observó: “La restricción o supresión de la capacidad jurídica puede facilitar intervenciones forzadas, como la esterilización, el aborto, la anticoncepción, la mutilación genital femenina, las intervenciones quirúrgicas o los tratamientos realizados en niños intersexuales sin su consentimiento informado y la detención forzosa en instituciones.”8 Asimismo, varias agencias de las Naciones Unidas se han unido para advertir que “Al decidir a favor o en contra de la esterilización, un individuo no debe ser inducido o forzado por cualquier otra persona, no obstante si esa sea su esposo, padre, otro miembro de la familia, tutor legal, proveedor de servicios de salud u oficial público.”9
Por lo tanto, la capacidad jurídica fue uno de los puntos centrales en la audiencia de la CIDH, pues como lo explicamos en la intervención del Programa por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS), existe la necesidad imperativa de partir del reconocimiento de la capacidad jurídica, conforme a lo expuesto por el artículo 12 de la CDPD. Sin esta, no hay toma de decisiones. El goce efectivo de los derechos sexuales y reproductivos depende en el derecho de brindar consentimiento a los actos sexuales, para expresar su sexualidad en condiciones de igualdad con las demás personas. Tanto la falta de presunción legal de la capacidad jurídica, como la denegación de apoyos incluidos en los sistemas normativos de los países, impide la participación efectiva al interior de la sociedad para hacer valer su voz y ser dueñas de su propia realidad.
Promoviendo acceso a servicios reproductivos y la educación sexual integral
La otra cara de la moneda respeto a las intervenciones forzadas es la negación de acceso a procedimientos deseada, como resulta frente la falta de acceso al aborto. Más aún, en muchos países sigue siendo un delito o se condiciona su acceso10 y, en aquellos en los que se despenalizó, como Colombia, se siguen presentando casos dónde no hay atención adecuada, no se respeta este derecho o se practica de forma insegura.11 Se impide, igualmente, el acceso al aborto con base en la concepción errónea de que las personas con discapacidad no pueden decidir por sí mismas y la decisión recae, entonces, en sus “tutores”.
Sin embargo, la despenalización y legalización del aborto no implica, per se, que se aplique a personas con discapacidad por razones eugenésicas. Este fue una de las preocupaciones que se manifestó en la audiencia en esta materia, pues la Comisionada Tania Reneaum Panszi cuestionó que, las mujeres y personas gestantes interrumpan el embarazo al conocer, mediante exámenes prenatales, de una anomalía o malformación en el feto que puede llegar a implicar una discapacidad. Esto, por ejemplo, ha llevado a que, en países de Europa como Suiza o Islandia,12 haya descendido la cifra de nacimientos de niños con síndrome de Down. Empero, como se dilucidó en las intervenciones, la razón principal de estos abortos es la desinformación y el arraigado estereotipo sobre la discapacidad.
Por tanto, tal como se reiteró en la pasada audiencia en la intervención de PAIIS, el acceso al aborto debe ser libre y seguro para todas las mujeres, y en todos los casos debe primar la información libre de estereotipos y basada en el modelo social de la discapacidad, en especial a aquellas que reciban un diagnóstico de malformación en el feto que podría implicar diversidades funcionales al momento de nacer. Lo anterior, para garantizar la autonomía y capacidad de decisión desde un modelo social, no desde el capacitismo, la discriminación y los estereotipos sobre la discapacidad.
Finalmente, es imprescindible mencionar un punto transversal a todas las problemáticas anteriormente analizadas: la educación. Se abordó reiterativamente en la audiencia de la CIDH, pues, como lo mencionó María Camila Lozano, la falta de políticas públicas sobre la educación sexual inclusiva impide que las niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad comprendan los contenidos y alcance de sus derechos sexuales y reproductivos y cuenten con la información que necesitan para ejercer estos derechos. Esto también crea barreras para identificar y reportar la violencia sexual. De hecho, un factor de riesgo para las mujeres con discapacidad en el acceso efectivo a la salud sexual y reproductiva es la falta de formación, al no tener herramientas para identificar comportamientos inapropiados o abusivos. Frente a esto, el Relator Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad informó que no se imparte educación sexual inclusiva porque “[s]e considera que las niñas y las jóvenes con discapacidad no necesitan información acerca de su salud y derechos sexuales y reproductivos ni de los servicios disponibles, y que no están capacitadas para tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva.”13 Por ello, se debe fomentar una educación sexual integral en doble vía que sea inclusiva y no discriminatoria con las personas con discapacidad, pero que, también, incluya capacitaciones de funcionarios públicos, jueces, profesionales de la salud y demás profesionales desde el enfoque de discapacidad e interseccionalidad.
Desde PAIIS, hemos podido ver de frente las problemáticas que aquí hemos dilucidado y, por ello, es indispensable que, como recalcó el comisionado de la CIDH, Carlos Bernal, se fomente el cambio de los estándares en materia de derechos humanos, así como de prácticas constitucionales, legales e institucionales desde un enfoque social de discapacidad y no médico. Tal reconoció la Relatoría de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su informe regional de 2025, donde subrayó la insuficiencia de varias normativas en la materia, como, por ejemplo, no incluir medidas positivas suficientes para garantizar acceso a la información sobre los derechos sexuales y reproductivos, así reconociendo que las barreras en el entorno, y no las deficiencias individuales, son responsable para la vulneración de derechos.14 Para así, estar cada vez más cerca de decidir sobre el propio cuerpo, descolonizar los cuerpos de las personas con discapacidad y saldar la deuda histórica que nos permea.
Camila Del Sol Moyano es una estudiante y Valeria Cabrera Bernal es la asesora jurídica en el PAIIS, clínica jurídica del Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.
Below is an English translation of the above Spanish-language original post by Hezzy Smith, Director of Advocacy Initiatives, HPOD.
“Our bodies do not seem to belong to us; rather, they are a territory that others colonize.”
This is how our colleague Sabrina Pachón, representative of the Colombian organization Corporacion Polimorfas, presented the current state of persons with disabilities’ sexual and reproductive rights before the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) during a regional thematic hearing last year. In exercising these rights, persons with disabilities experience disproportionate risks of violence—including sexual violence, abuse, and exploitation, as well as forced sterilizations and abortions.1 This International Day for the Elimination of Violence Against Women, we wish to reflect on the advances, delays, setbacks, and opportunities regarding the barriers faced by women with disabilities in Latin America and the Caribbean with respect to the enjoyment and exercise of their sexual and reproductive rights.
The IACHR is an ideal forum to highlight the interconnection between sexual and reproductive rights and the various forms of violence experienced by women with disabilities throughout the region. The IACHR is a principal and autonomous body of the Organization of American States and is a crucial component of the Inter-American Human Rights System, whose mission is to protect and promote human rights throughout the Americas. Thematic hearings like the one we participated in alongside Ms. Pachón make it possible to shine a light on specific challenges from a human rights-based perspective. These spaces also serve to strengthen dialogue among affected communities and open participatory pathways for reporting on human rights issues throughout the region. In this way, the IACHR thematic hearings are important vehicle to help stakeholders understand what actions can be taken to make this world truly inclusive.
Against sexual violence
Persons with disabilities, especially women, face attitudinal, legal, and institutional barriers that prevent their effective enjoyment of sexuality. These barriers contribute to the high rates of sexual violence against women with disabilities compared with the general population. At the IACHR hearing, Mónica Bayá, legal adviser for Equality Now for Latin America and the Caribbean, highlighted that women, girls, and adolescents with disabilities are up to 10 times more likely to experience sexual violence than those without disabilities. Moreover, when seeking legal redress for these violations, persons with disabilities encounter access to justice barriers. As Bayá noted during the hearing, these barriers stem from stereotypes, prejudice, and lack of training among justice system officials; the lack of a gender and disability perspective in the evaluation of evidence; the fear-driven withdrawal of complaints; and credibility judgments.2
In addition, in the thematic hearing Bayá underscored the need to amend the legal frameworks of the region’s countries. According to a 2021 report by Equality Now, “in 23 of 43 jurisdictions in Latin America, criminal codes define sexual violence based on the use of force.” For this reason, the Inter-American Court of Human Rights’ (IACtHR) decision in Ángulo Losada v. Bolivia represents a critical precedent for applying a differential approach in matters of gender-based violence. In this case, the Court held that to prove that a rape occurred, it is not necessary to show a use of force, threats, or physical violence the assailant; rather, it is enough to show that the victim did not consent to the sexual act or that the circumstances nullified any expression of consent.3 Just as the Court’s embraced a differential and intersectional approach to evidence in cases involving sexual assault, judicial systems must do so in cases involving sexual violence against persons with disabilities.
Even if the IACtHR has not yet decided a case involving sexual violence against persons with disabilities, a case recently referred to the Court by the IACHR will give it an important opportunity to do so. Case No. 13.524 concerns “Persons without criminal implications institutionalized in the Federico Mora [Hospital] with respect to the Republic of Guatemala.” In its referral letter, the IACHR highlighted complaints of sexual violence affecting persons institutionalized in a public psychiatric hospital. The IACHR reported that it has observed “the existence of systematic acts of sexual violence of different kinds, including rape, committed directly by state agents as well as by private individuals with the acquiescence, tolerance, and collaboration of state agents.” In addition to identifying violations of sexual and reproductive rights, as well as the right to protection against exploitation, violence, and abuse, the IACHR discerned violations that “meet the constitutive elements of torture.”
One can hope that in this case the IACtHR will issue a strong ruling on the specific obligations of Latin American and Caribbean states regarding the disproportionate risks of sexual violence faced by persons with disabilities. The Court recently pronounced itself emphatically in defense of disability rights in Guachalá Chimbo v. Ecuador. There, a young man with disability had disappeared a few days after his involuntary institutionalization in an Ecuadorian psychiatric hospital. In finding Ecuador responsible for human rights violations, the IACtHR embraced the standards contained in the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) and applied them in a way that expanded regional protections. In particular, it underscored the indispensability of the right to give informed consent for all types of health services or treatments. In the case of persons with disabilities institutionalized at the Federico Mora Hospital, it may be that the Court will again adopt a progressive interpretation based on international standards to protect the sexual and reproductive rights of persons with disabilities throughout the region.
Confronting obstetric violence
Beyond sexual violence, persons with disabilities experience other forms of violence in the realm of sexual and reproductive rights, including obstetric violence, forced sterilizations, and forced abortions. In its 2023 decision in Brítez Arce v. Argentina, the IACtHR first recognized obstetric violence as a form of gender-based violence carried out by health care providers, which “encompasses all situations of disrespectful, abusive, neglectful treatment or denial thereof that take place during the pregnancy, childbirth or post-partum period, in private or public health facilities.”4 During last year’s IACHR hearing on the sexual and reproductive rights of persons with disabilities, Ms. Pachón raised this issue as a pressing concern. She emphasized, “The right to bear children is not respected when we have a disability. Our decision consists, at best, of consenting to what is predetermined for us as the only possible option ‘given our condition.’”
As Isabelia Ruíz underscored during the same IACHR hearing, “these practices violate their right to access information and to give free and informed consent,” and are a clear expression of an ableist model that strips persons with disabilities of legal capacity. In many cases, the attitudes of health care providers can lead to the denial of information, based on such discriminatory notions as the idea that women with disabilities are not “fit” to have children, whether due to prejudices about parenting or genetic concerns about preventing the reproduction of disabilities.5 For example, in 2017 the United Nations Special Rapporteur on the Rights of Persons with Disabilities reported, “Girls and young women with disabilities are disproportionately subjected to forced and involuntary sterilization for different reasons, including eugenics, menstrual management and pregnancy prevention,” while adding that sterilization rates for women and girls with disabilities are “up to three times higher than in the general population.”6 Whatever the root causes, non-consensual procedures, including forced sterilizations, may constitute either torture or cruel, inhuman, and degrading treatment under international law.7
For persons with disabilities, one root cause of this problem are legal capacity restrictions. The effects of restricting legal capacity extend to sexual and reproductive rights, as the Committee on the Rights of Persons with Disabilities has recognized in its general comment on the rights of women and girls with disabilities. The Committee noted, “Restricting or removing legal capacity can facilitate forced interventions, such as sterilization, abortion, contraception, female genital mutilation, surgery or treatment performed on intersex children without their informed consent and forced detention in institutions.”8 Likewise, several United Nations agencies have jointly warned, “In making a decision for or against sterilization, an individual must not be induced by incentives or forced by anyone, regardless of whether that person is a spouse, parent, other family member, legal guardian, health-care provider or public officer.”9
For these reasons, legal capacity was also presented as a central theme during the IACHR hearing. As we explained in the intervention of the Program for Equality and Social Inclusion (PAIIS), there is an imperative to begin with the recognition of legal capacity, consistent with Article 12 of the CRPD. Without legal capacity, persons with disabilities lack decision-making authority. The effective enjoyment of sexual and reproductive right, including the free expression of one’s sexuality on an equal basis with others, hinges on the right to consent to sexual activity. Legal capacity restrictions, as well as the denial of supports included in national legal systems, prevent effective participation in society and the ability to assert one’s voice and be in control of one’s own destiny.
Promoting access to reproductive health services and comprehensive sex education
The other side of the coin concerning forced interventions is the denial of desired procedures, as occurs with the lack of access to abortion. Moreover, in many countries abortion continues to be a crime or its access is heavily restricted.10 Even where abortion has been decriminalized, such as Colombia, there are still cases in which adequate care is not provided, this right is not respected, or the procedure is carried out unsafely.11 Access to abortion is also denied persons with disabilities based on the erroneous belief that they lack capacity to make reproductive health decisions for themselves, leaving such decisions in the hands of their “guardians.”
However, calls to decriminalize and legalize of abortion should not be interpreted to sanction eugenical applications aimed at preventing disabilities. This was one of the concerns expressed in the 2024 thematic hearing on this subject. Commissioner Tania Reneaum Panszi asked why women and pregnant persons choose to terminate pregnancies upon learning through prenatal tests of a fetal abnormality that could lead to disability. She alluded to decreases in the number of children born with Down syndrome in European countries such as Switzerland or Iceland as a result of expanded access to abortion.12 Yet, as we sought to explain during the hearing, the main reasons for these abortions are misinformation and entrenched stereotypes about disability, and restricting access to reproductive health services will not be an effective means to combat ableism. Thus, as reiterated in the recent hearing during the PAIIS intervention, access to abortion must be free and safe for all women, while simultaneously ensuring that information provided to prenatal patients must be free of outmoded stereotypes and based on the social model of disability, especially when health care providers counsel patients on prenatal testing.
Finally, it is essential to highlight a cross-cutting issue arising from each of the aforementioned challenges: education. This was reiterated during the 2024 IACHR hearing by María Camila Lozano, who noted that the lack of public policies promoting inclusive sex education prevents girls, adolescents, and women with disabilities from understanding the content and scope of their sexual and reproductive rights, and thus deprives them of the information they need to exercise these rights freely and consensually. Moreover, lack of inclusive sex education entrenches barriers to identifying and reporting sexual violence. Indeed, one risk factor for women with disabilities in gaining effective access to sexual and reproductive health is the lack of training, as they do not have tools to identify inappropriate or abusive behavior.13 In this regard, the Special Rapporteur on the Rights of Persons with Disabilities has reported that all too often girls and young women with disabilities lack access to sex education because they “are neither seen to be in need of information about their sexual and reproductive health and rights and available services, nor seen as competent to make decisions about their sexual and reproductive lives.”13 Thus, comprehensive trainings on sexual and reproductive rights that are intersectional and disability-inclusive must be delivered to both persons with disabilities as well as to public officials, judges, health professionals, and other professionals.
At PAIIS, which both provides direct legal services and also undertakes systemic advocacy to advance the rights of persons with disabilities, we have seen firsthand the problems analyzed here. Therefore, it is essential, as IACHR Commissioner Carlos Bernal emphasized during the 2024 IACHR hearing, to promote changes in human rights standards as well as constitutional, legal, and institutional practices from a social model of disability and not a medical one. The IACHR’s Rapporteur on the Rights of Persons with Disabilities recognized as much in its 2025 regional report, which documented insufficiencies in many countries’ national laws and policies affecting the sexual and reproductive rights of persons with disabilities.14 These include insufficient affirmative measures to guarantee access to information on sexual and reproductive rights, which flow from a recognition that environmental barriers, and not individual impairments, are responsible for rights violations. Although many challenges persist, this kind of recognition will bring women with disabilities closer to controlling decisions over their sexuality and reproductive health, thereby helping to decolonize disabled bodies and settle an historical debt.
Camila Del Sol Moyano is a student, and Valeria Cabrera Bernal is the legal adviser at PAIIS, the legal clinic of the Legal Office of the Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.
